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Medida. El presidente Evo Morales promulgó ayer la Ley de la Madre Tierra; fue un acto emotivo en el Palacio Quemado
El presidente Evo Morales promulgó la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. Crearán la Defensoría del Sistema y los sectores están sorprendidos
La ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, promulgada por el presidente del Estado, Evo Morales, prevé la eliminación de la concentración de la propiedad de la tierra o latifundio y otros componentes en manos de propietarios agrarios y empresas, y prohíbe la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio nacional.
En sus partes más sobresalientes la nueva norma también crea la Defensoría del Sistema, un Fondo de Justicia Climática, que establece que las tierras fiscales deben distribuirse con preferencia a mujeres y pueblos indígenas, y ordena la regulación y control de la extranjerización en la propiedad, acceso y aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra.
En el momento de la promulgación, Morales dijo que la normativa permite la explotación de los recursos naturales sin causar daño al medio ambiente. “Si no hay naturaleza no hay vida ni humanidad y nuestra propuesta con esta ley más bien es cómo vivir con armonía y en complementariedad (con la Madre Tierra)”, señaló.
El presidente también mencionó que la acumulación de riqueza es un factor que “destroza la naturaleza”, por ello pidió a la gente no pensar en acumular bienes para asegurar su vejez.
Señaló que para evitar ese temor el Gobierno debe garantizar una buena renta dignidad. “Ahora la tarea es implementar la ley, en el tema de minería principalmente”, precisó.
Por su lado, el vicepresidente Álvaro García Linera indicó: “Si hay que producir, hay que producir, si hay que sacar algún mineral hay que hacerlo, pero encontrando el equilibrio entre satisfacción de necesidades y cuidado de la Madre Tierra”.
Con sorpresa y a la vez con desconocimiento del contenido de la nueva ley reaccionaron ayer los líderes de los sectores productivos.
Demetrio Pérez, titular de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), dijo desconocer los alcances generales de la nueva norma, pero se refirió al tema de la prohibición de transgénicos lamentando que el Gobierno ponga trabas al desarrollo productivo.
Sin embargo, Pérez considera que muchas cosas pueden cambiar en torno a esta norma, sobre todo cuando ingrese a la fase de reglamentación donde necesariamente contará con la participación de todos los sectores involucrados. “Si vamos a seguir pensando así, prohibiendo el desarrollo, vamos a perder terreno y terminaremos dependiendo de otros países que apuestan fuerte por su desarrollo; ahí está el caso de Paraguay, que su producción crece gracias a los transgénicos”, indicó.
Mientras, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, se disculpó argumentando desconocer la nueva ley y por estar retornando de un viaje.
El presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), Mario Hurtado, se limitó a señalar que se había dado un paso importante con la eliminación del instructivo para expropiar tierras mayores a 5.000 hectáreas por parte del INRA, pero que con esta nueva ley puede volver la incertidumbre.
Puntos sugerentes de la norma
Sagrada. La ley considera a la Madre Tierra “sagrada” y un sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos que tienen un destino común.
Control. La protección de sus derechos debe estar a cargo de la Defensoría de la Madre Tierra, la Fiscalía, el Tribunal Agroambiental y todas las autoridades del Estado, según la norma, aunque no se detalla desde cuándo funcionará la primera institución.
Justicia. La norma también incluye el concepto de la “justicia climática” para reconocer el derecho a reclamar un desarrollo integral del pueblo boliviano y de las personas afectadas por el cambio climático.
Recursos. Se crea además el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra y otro de Justicia Climática para conseguir y administrar recursos económicos estatales y extranjeros con el objetivo de impulsar acciones de mitigación del cambio climático.
Distribución. También establece que las tierras fiscales serán dotadas, distribuidas y redistribuidas de manera equitativa con prioridad a las mujeres, pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas que no las posean.
Regulación. La norma establece además la regulación y el control de extranjerización en la propiedad, acceso y aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra y que actividades económicas como la minera y la petrolera se enmarquen en los principios de esta norma. Habrá 120 días para su reglamentación.
Medidas para garantizar alimentos
La ley de Revolución Productiva, dotación de semillas, Seguro Agrícola y el Observatorio Agroambiental son parte de las medidas que impulsa el Gobierno para garantizar la seguridad alimentaria en el país, según informó el representante del Viceministerio de Desarrollo Rural, Armando Sánchez.
El funcionario destacó el apoyo que se brinda al sector productivo del país para fortalecer la producción e incremento de productos agrícolas.
Asimismo, detalló que el Gobierno desde que se anunció el tratamiento de la Ley de Revolución Productiva apoya a los pequeños productores y a las organizaciones productivas campesinas con la ejecución de varios proyectos.
Uno de ellos, dijo que es la implementación de una empresa estratégica de semillas, la cual coadyuvará en la producción de semillas de calidad, además de producir fertilizantes y abonos orgánicos.
Por su parte, el Instituto Nacional de Seguro Agrario priorizará, en caso de desastres naturales, la atención de los pequeños productores que tengan problemas recurrentes con las condiciones climatológicas adversas. En el caso del observatorio agroambiental, permitirá desarrollar información primaria con relación a la superficie de producción, costos y demandas./ABI
Fonte: http://www.eldeber.com.bo/ley-elimina-el-latifundio-y-veta-a-los-transgenicos-/121015233320
Foram muitos os sinais que antecederam o golpe contra o presidente Fernando Lugo: a maneira como ocorreu o conflito em Curuguaty que deixou 17 mortos, a presença de franco-atiradores entre os camponeses, a campanha via jornal ABC Color contra os funcionários do governo que se opunham à liberação das sementes de algodão transgênico da Monsanto, a convocação de um tratoraço nacional com bloqueio de estradas para o dia 25. O jornalista paraguaio Idilio Méndez Grimaldi conta essa história e adverte: “os mortos de Curugaty carregam uma mensagem para a região, especialmente para o Brasil”. O artigo foi reproduzido pela Carta Maior, 23-06-2012.
A tradução é de Marco Aurélio Weissheimer.
O artigo de Idilio Méndez Grimaldi foi escrito dias antes da aprovação, no Senado paraguaio, da abertura do processo de impeachment de Fernando Lugo.
Eis o artigo.
Quem está por trás desta trama tão sinistra? Os impulsionadores de uma ideologia que promove o lucro máximo a qualquer preço e quanto mais, melhor, agora e no futuro. No dia 15 de junho de 2012, um grupo de policiais que ia cumprir uma ordem de despejo no departamento de Canindeyú, na fronteira com o Brasil, foi emboscado por franco-atiradores, misturados com camponeses que pediam terras para sobreviver. A ordem de despejo foi dada por um juiz e uma promotora para proteger um latifundiário. Resultado da ação: 17 mortos, 6 policiais e 11 camponeses, além de dezenas de feridos graves. As consequências: o governo frouxo e tímido de Fernando Lugo caiu com debilidade ascendente e extrema, cada vez mais à direita, a ponto de ser levado a julgamento político por um Congresso dominado pela direita.
Trata-se de um duro revés para a esquerda e para as organizações sociais e campesinas, acusadas pela oligarquia latifundiária de instigar os camponeses. Representa ainda um avanço do agronegócio extrativista nas mãos de multinacionais como a Monsanto, mediante a perseguição dos camponeses e a tomada de suas terras. Finalmente, implica a instalação de um cômodo palco para as oligarquias e os partidos de direita para seu retorno triunfal nas eleições de 2013 ao poder Executivo.
No dia 21 de outubro de 2011, o Ministério da Agricultura e Pecuária, dirigido pelo liberal Enzo Cardozo, liberou ilegalmente a semente de algodão transgênico Bollgard BT, da companhia norteamericana de biotecnologia Monsanto, para seu plantio comercial no Paraguai. Os protestos de organizações camponesas e ambientalistas foram imediatos. O gene deste algodão está misturado com o gene do Bacillus thurigensis, uma bactéria tóxica que mata algumas pragas do algodão, como as larvas do bicudo, um coleóptero que deposita seus ovos no botão da flor do algodão.
O Serviço Nacional de Qualidade e Saúde Vegetal e de Sementes (Senave), instituição do Estado paraguaio dirigida por Miguel Lovera, não inscreveu essa semente nos registros de cultivares pela falta de parecer do Ministério da Saúde e da Secretaria do Ambiente, como exige a legislação.
Campanha midiática
Nos meses posteriores, a Monsanto, por meio da União de Grêmios de Produção (UGP), estreitamente ligada ao grupo Zuccolillo, que publica o jornal ABC Color, lançou uma campanha contra o Senave e seu presidente por não liberar o uso comercial em todo o país da semente de algodão transgênico da Monsanto. A contagem regressiva decisiva parece ter iniciado com uma nova denúncia por parte de uma pseudosindicalista do Senave, chamada Silvia Martínez, que, no dia 7 de junho, acusou Lovera de corrupção e nepotismo na instituição que dirige, nas páginas do ABC Color. Martínez é esposa de Roberto Cáceres, representante técnico de várias empresas agrícolas, entre elas a Agrosan, recentemente adquirida por 120 milhões de dólares pela Syngenta, outra transnacional, todas sócias da UGP.
No dia seguinte, 8 de junho, a UGP publicou no ABC uma nota em seis colunas: “Os 12 argumentos para destituir Lovera”. Estes supostos argumentos foram apresentados ao vice-presidente da República, correligionário do ministro da Agricultura, o liberal Federico Franco, que naquele momento era o presidente interino do Paraguai, em função de uma viagem de Lugo pela Ásia.
No dia 15, por ocasião de uma exposição anual organizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o ministro Enzo Cardoso deixou escapar um comentário diante da imprensa que um suposto grupo de investidores da Índia, do setor de agroquímicos, cancelou um projeto de investimento no Paraguai por causa da suposta corrupção no Senave. Ele nunca esclareceu que grupo era esse. Aproximadamente na mesma hora daquele dia, ocorriam os trágicos eventos de Curuguaty.
No marco desta exposição preparada pelo citado Ministério, a Monsanto apresentou outra variedade de algodão, duplamente transgênica: BT e RR, ou Resistente ao Roundup, um herbicida fabricado e patenteado pela transnacional. A pretensão da Monsanto é a liberação desta semente transgênica no Paraguai, tal como ocorreu na Argentina e em outros países do mundo.
Antes desses fatos, o diário ABC Color denunciou sistematicamente, por supostos atos de corrupção, a ministra da Saúde, Esperanza Martínez, e o ministro do Ambiente, Oscar Rivas, dois funcionários do governo que não deram parecer favorável a Monsanto.
Em 2001, a Monsanto faturou 30 milhões de dólares, livre de impostos (porque não declara essa parte de sua renda), somente na cobrança de royalties pelo uso de sementes de soja transgênica no Paraguai. Toda a soja cultivada no país é transgênica, numa extensão de aproximadamente 3 milhões de hectares, com uma produção em torno de 7 milhões de toneladas em 2010.
Por outro lado, na Câmara de Deputados já se aprovou o projeto de Lei de Biossegurança, que cria um departamento de biossegurança dentro do Ministério da Agricultura, com amplos poderes para a aprovação para cultivo comercial de todas as sementes transgênicas, sejam de soja, de milho, de arroz, algodão e mesmo algumas hortaliças. O projeto prevê ainda a eliminação da Comissão de Biossegurança atual, que é um ente colegiado forma por funcionários técnicos do Estado paraguaio.
Enquanto transcorriam todos esses acontecimentos, a UGP preparava um ato de protesto nacional contra o governo de Fernando Lugo para o dia 25 de junho. Seria uma manifestação com máquinas agrícolas fechando estradas em distintos pontos do país. Uma das reivindicações do chamado “tratoraço” era a destituição de Miguel Lovera do Senave, assim como a liberalização de todas as sementes transgênicas para cultivo comercial.
As conexões
A UGP é dirigida por Héctor Cristaldo, apoiado por outros apóstolos como Ramón Sánchez – que tem negócios com o setor dos agroquímicos -, entre outros agentes das transnacionais do agronegócio. Cristaldo integra o staff de várias empresas do Grupo Zuccolillo, cujo principal acionista é Aldo Zuccolillo, diretor proprietário do diário ABC Color, desde sua função sob o regime de Stroessner, em 1967. Zuccolillo é dirigente da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP).
O grupo Zuccolillo é sócio principal no Paraguai da Cargill, uma das maiores transnacionais do agronegócio no mundo. A sociedade entre os dois grupos construiu um dos portos graneleiros mais importantes do Paraguai, denominado Porto União, a 500 metros da área de captação de água da empresa de abastecimento do Estado paraguaio, no Rio Paraguai, sem nenhuma restrição.
As transnacionais do agronegócio no Paraguai praticamente não pagam impostos, mediante a férrea proteção que tem no Congresso, dominado pela direita. A carga tributária no Paraguai é apenas de 13% sobre o PIB. Cerca de 60% do imposto arrecadado pelo Estado paraguaio é via Imposto sobre Valor Agregado (IVA). Os latifundiários não pagam impostos. O imposto imobiliário representa apenas 0,04% da carga tributária, cerca de 5 milhões de dólares, segundo estudo do Banco Mundial, embora a renda do agronegócio seja de aproximadamente 30% do PIB, o que representa cerca de 6 bilhões de dólares anuais.
O Paraguai é um dos países mais desiguais do mundo. Cerca de 85% das terras, aproximadamente 30 milhões de hectares, estão nas mãos de 2% de proprietários, que se dedicam à produção meramente para exportação ou, no pior dos casos, à especulação sobre a terra. A maioria desses oligarcas possui mansões em Punta del Este ou em Miami e mantém estreitas relações com transnacionais do setor financeiro, que guardam seus bens mal havidos nos paraísos fiscais ou tem investimentos facilitados no exterior. Todos eles, de uma ou outra maneira, estão ligados ao agronegócio e dominam o espectro político nacional, com amplas influências nos três poderes do Estado. Ali reina a UGP, apoiada pelas transnacionais do setor financeiro e do agronegócio.
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